El Gobierno ha planteado una reforma legislativa parcial que sustituirá Educación para la Ciudadanía por una formación "Cívica y Constitucional", y ampliará el Bachillerato y la FP de Grado Medio a tres años, el primero de ellos obligatorio, con el propósito, entre otros, de retener a más jóvenes en la enseñanza.
El último curso de la enseñanza obligatoria, que se mantiene hasta los 16 años, "orientará" a los alumnos a la FP o la "continuación" de los estudios de Bachillerato, lo que el ministro ha relacionado con una mejor preparación y la reducción del abandono escolar prematuro, que es el del 28,4 por ciento, el doble de la media europea. Además, se va aplazar la entrada en vigor de la reforma del 4º de la ESO prevista en la Ley de Acompañamiento de la Ley de Economía Sostenible (2011).
Sobre la FP, ha defendido el modelo "dual alemán", ya que el hecho de aprender trabajando en las empresas aumenta la empleabilidad y que se convierta esta formación en una alternativa "atractiva", no en una "vía de escape". El ministro se ha mostrado consciente de los costes y ha apuntado hacia la "cooperación territorial" por parte del Estado.
En cuanto a la nueva estructura de Secundaria, ha explicado que la enseñanza obligatoria seguirá siendo gratuita, se ha referido al diálogo con las comunidades para ver qué mecanismos se arbitran y ha pedido no aferrarse a "clichés ni prejuicios" sobre la conveniencia o posibilidad de extender la gratuidad más allá, en alusión a los conciertos. También ha defendido una escuela pública de calidad como "herramienta imprescindible del progreso de un país". El ministro se ha referido a la enorme inversión de recursos educativos, pero con resultados "ineficientes", ha mencionado el estancamiento e, incluso, "retroceso" educativo en las dos últimas legislaturas, ha pedido que no se tenga miedo a las reformas y un cambio de mentalidad hacia el esfuerzo y la excelencia.
Sobre el derecho de elección de la lengua vehicular de la enseñanza por los padres, el Gobierno va a mantener una "estricta vigilancia y una actitud propositiva" para evitar situaciones de pasadas, en que este asunto ha sido "cuestión de litigio". En relación con las competencias en Educación, ha señalado que cada administración hace lo que la Constitución le autoriza, y que su departamento tiene la intención de "evitar conflictos innecesarios" y fijar, de acuerdo con los márgenes de la jurisprudencia constitucional, los principios básicos del sistema.
Wert ha apelado al diálogo y la participación de toda la comunidad educativa para formular una Estrategia Nacional de Calidad, manteniendo y reforzando, ha asegurado, la equidad básica, o igualdad de oportunidades. Se ha propuesto pruebas "censales" rigurosas al final de cada etapa, pues los problemas de Primaria "se arrastran" en Secundaria. Impulsará la autonomía de los centros, el estatuto del docente público y que se reconozca al profesorado como "autoridad pública". Sobre el bilingüismo, ha anunciado que se reunirá con las comunidades para aunar criterios y ha pedido cambiar el enfoque de estudiar inglés por el de "estudiar en inglés".
Las universidades también necesitan un "gran impulso reformista", para lo que un Consejo de Expertos de Alto Nivel emitirá un dictamen y ha censurado que el 42 por ciento de las titulaciones tenga menos de 50 alumnos de primero.
Wert ha indicado que la educación secundaria "común" durará tres años, el Bachillerato y la FP de Grado Medio tendrán tres, de los que el primero será obligatorio, por lo que la Educación Obligatoria se mantiene hasta los 16 años. Este curso, según el ministro, orientará a los alumnos de FP o la "continuación" de los estudios de Bachillerato y a su juicio contribuirá a mejorar la preparación de los jóvenes y la reducción del abandono escolar prematuro.
El ministro se ha comprometido además a que se apruebe "por fin" un Estatuto del Docente, que mantenga el carácter estatal de los cuerpos de profesorado, que recompense su esfuerzo y los reconozca como "autoridad pública".
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